Durante el 2016 se registraron un total de 973.925 licencias médicas a lo largo del país, lo que representa un aumento del 5,2% respecto del año anterior.
El estudio, realizado por este medio, consideró la suma de permisos de las grandes isapres del sistema privado de salud, a excepción de Cruz Blanca, aseguradora que no entregó información.
La isapre Consalud registró un total de 300.277 licencias médicas; los permisos en Banmédica llegaron a 299.668; en Masvida ascendieron a 279.032; los de Colmena a 49.153 y en el caso de Vida Tres, cerraron 2016 con una cantidad de 45.795.
Esta cifra, en tanto, representa un aumento de un tercio de los permisos en el sistema en los últimos cuatros años y, según el gerente de Desarrollo de la Asociación de Isapres, Gonzalo Simón, la subida de las licencias se podría explicar por la desaceleración de la economía.
“El aumento de la cesantía tiende en algunas circunstancias a fomentar el uso de licencias médicas, para anticipar el uso de la atención de salud frente a un eventual riesgo de perder el beneficio”, indicó Simón.
Asimismo, el gerente de Desarrollo de la Asociación de Isapres explicó que el aumento también tiene relación con que la población está envejeciendo, y este grupo ha ido demostrando un crecimiento importante en el uso de licencias.
De acuerdo al estudio, las enfermedades psiquiátricas como el estrés y la depresión, son los trastornos que lideran los ranking en los permisos laborales de las isapres Consalud, Colmena y Masvida.
En tanto, en el caso de Banmédica y Vida Tres, las enfermedades respiratorias son las que acumulan el mayor número de permisos, seguidas por las psiquiátricas.
A nivel sistema, uno de cada cinco permisos se dieron por trastornos mentales en 2016, con un total de 205.214 subsidios.
El superintendente de Salud, Sebastián Pavlovic, aseguró que los permisos por trastornos mentales son los más difíciles de pesquisar y fiscalizar, sin embargo, reconoce que ha habido un incremento real importante de estas enfermedades.
“Hay una serie de factores que pueden estar explicando esto y que no necesariamente hablan de un mal uso, sino que de problemas que son estructurales y que en algún sentido, los termina pagando la salud”, puntualizó el superintendente.
