El presidente (s) de la Corte de Apelaciones de Santiago, Alfredo Pfeiffer, solicitó al 7º Juzgado de Garantía un informe sobre la tramitación de la causa penal desformalizada en que se menciona al senador Andrés Zaldívar como investigado por presuntos delitos de tráfico de migrantes y cohecho, y cuyo contenido fue publicado ayer por La Tercera.
El oficio de Pfeiffer también pide información al Departamento de Informática de la Corporación Administrativa del Poder Judicial y a la Fiscalía Metropolitana Centro Norte. Según una denuncia de la fiscalía, la causa tenía carácter de reserva, pero por razones que se deben investigar una solicitud de la misma pudo ser vista desde el portal de tramitación judicial.
Además, durante esta jornada, la jueza presidenta del 7º Juzgado de Garantía de Santiago, Carolina Gajardo, instruyó un sumario administrativo a fin de determinar eventuales responsabilidades.
La investigación del Poder Judicial se suma a la anunciada por el fiscal regional metropolitano Centro Norte, Andrés Montes, para determinar las manera en que una investigación penal reservada se filtró en el portal del Poder Judicial, pese a que por determinación de un tribunal su contenido no puede ser difundido.
Ante la gravedad de los hechos, según dijo Montes, la fiscal jefe de Alta Complejidad Centro Norte, Ximena Chong, estará a cargo de la indagatoria. La investigación ilegalmente difundida, enfatizó el fiscal, tiene carácter reservado por determinación del 7° Juzgado de Garantía de Santiago y es llevada adelante por el fiscal Marcelo Carrasco.
El fiscal regional aclaró que en la causa que dirige el fiscal Carrasco no hay personas formalizadas y confirmó que existen diligencias en curso, parte de las cuales fueron publicadas en el portal del Poder Judicial, pese a su reserva.
Asimismo, descartó que la investigación reservada e ilegalmente difundida esté relacionada o tenga origen en el caso copy-paste. “Niego categóricamente que esta investigación sea consecuencia de otra situación”, sostuvo, tras ser consultado respecto de si están siendo investigados altos funcionarios públicos que pudiesen tener conexión con esa indagatoria que lleva adelante la Fiscalía Metropolitana Oriente.
En cuanto a las interceptaciones telefónicas señaladas en la causa que involucra a Zaldívar, recalcó que para su autorización se requiere que la fiscalía presente al juzgado de garantía competente antecedentes sólidos que respalden esa solicitud. En la misma línea, subrayó que solo con la autorización de un tribunal puede realizarse una interceptación.
“Se trata de una diligencia solicitada por el fiscal Marcelo Carrasco, en el marco de una investigación dirigida por él. Si un fiscal solicita una diligencia a un tribunal es porque tiene los antecedentes suficientes y ese principio opera para cualquier investigación seguida por el Ministerio Público”, sostuvo.
