“Me llama la atención que después de tras años no hayan podido comprobar absolutamente nada”, declaró Sebastián Dávalos en una caótica salida desde el Juzgado de Garantía de Rancagua, que postergó para el próximo lunes el fallo sobre el sobreseimiento definitivo del hijo de la Presidenta Michelle Bachelet en el caso Caval.
Dávalos asistió junto a su esposa Natalia Compagnon a la audiencia de hoy en que sólo se escucharon los alegatos por del sobreseimiento solicitado por la defensa en la arista principal del caso Caval, es decir, por la compra y venta de los terrenos de Machalí en enero de 2015.
Al término de la audiencia, el abogado defensor Antonio Garafulic manifestó que “estamos muy tranquilos, creemos que quedó absolutamente acreditado que respecto de los delitos funcionarios por los que se estaba solicitando el sobreseimiento, esto es, negociación inompatible, tráfico de influencias y violación de secreto, no existen ni quiera los elementos mínimos para configurar el tipo penal”.
“Ni él era funcionario público a la fecha de los hechos ni tampoco es delito la conducta que se le atribuyó, no fue formalizado nunca y través de sucesivas audiencias se ha tratado de entorpecer el sobreseimiento con hechos que no son jurídicos, como por ejemplo una declaración de Mauricio Valero que es completamente falsa en relación a los hechos del señor Vial Concha”, añadió.
Por su parte, mientras Dávalos era acosado por la prensa cuando abandonaba el tribunal, manifestó que “yo no voy a hablar ahora, vamos a esperar el lunes y recipén vamos a evaluar que vamos a hacer. Lo único que les voy a decir es que me llama la atención que después de tres años no hayan podido comprobar absolutamente nada”.
La causa madre del caso se originó el 17 de enero de 2015, cuando la sociedad Caval compró en $6.500 millones los terrenos de Machalí que la familia Wiesner puso en venta a través del síndico de quiebras Herman Chadwick. Luego, el 5 de febrero, Caval vendió los terrenos en $9.500 millones y un día después se publicó el reportaje que destapó el caso.
El 16 de febrero, los diputados RN Nicolás Monckeberg y José Manuel (hoy Rojo) Edwards presentaron en fiscalía una denuncia por presuntos delitos de negociación incompatible, tráfico de influencias, uso de información privilegiada y violación de secreto por parte de Dávalos, quien había renunciado el 13 de febrero a la Dirección Sociocultural de La Moneda.
En la arista de la querella por estafa a Gonzalo Vial, Dávalos fue involucrado por Mauricio Valero, socio de Compagnon, quien declaró a la fiscalía que el hijo de la Presidenta emitió boletas falsas por “asesorías” al empresario en 2012. El fiscal Emiliano Arias remitió los antecedentes al Servicio de Impuestos Internos para que resuelva si se querella contra Dávalos por delito tributario.
También envió los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado que se querelló por delito de propiedad intelectual, ya que Caval copió informes mineros de Cochilco. El CDE podría ampliar la querella e incluir a Dávalos. Por la querella de Gonzalo Vial sólo están formalizados Compagnon y Dávalos, como representantes legales de Caval.
En la primera parte de la audiencia, el tribunal acogió la solicitud de la Fiscalía Regional de O’Higgins y de la defensa y decretó la ampliación en 90 días del plazo de investigación precisamente en esta arista originada por la querella por estafa del empresario Gonzalo Vial contra Caval, luego de que la sociedad le vendió en $1.162 millones informes mineros copiados de internet.
