El gobierno cierra su gestión con un proyecto de ley que beneficia a condenados por crímenes de lesa humanidad, sin medidas relevantes para hacer verdad y justicia en los más de 3 mil casos de personas detenidas desaparecidas y ejecutadas por agentes del Estado.
Enviado al congreso a dos semanas del término del periodo legislativo el proyecto de ley será discutido durante el próximo gobierno. Su contenido y objetivos resultan contradictorios o ambiguos. Por una parte, se presenta el fin del indulto presidencial como un avance, pero ello no implica el término del beneficio; ahora, los condenados por crímenes de lesa humanidad podrán obtenerlo a través de los tribunales mediante una “colaboración eficaz” y el “arrepentimiento público”.
Según el Ministro de Justicia Jaime Campos, las exigencias para la obtención del indulto permitirán avanzar en verdad y “romper los pactos de silencio, que son tan comunes en este tipo de incriminaciones”. Afirmación sorprendente luego de que diversas autoridades políticas y de las FFAA han negado sistemáticamente la existencia de dichos pactos, los mismos que ahora el Ministro de Justicia reconoce y respecto de los cuales no se ha adoptado medida alguna.
En casos de enfermos terminales o mentales, los condenados podrán obtener penas alternativas, decisión que será responsabilidad de un juzgado de garantía, y ya no de Gendarmería. La existencia de la enfermedad será determinada a través de exámenes médicos a cargo del Servicio Médico Legal.
También, el proyecto regula beneficios como la libertad condicional y salidas, y los condiciona a la señalada colaboración y expresión de arrepentimiento. Lo que las autoridades no aclararon es cual es la necesidad de este acápite del proyecto, considerando que en 2016, una modificación al Reglamento de establecimientos penitenciarios, ya estableció tales exigencias. Durante 2017 varios reos recibieron distintos beneficios, sin embargo, se desconoce cuál fue su “colaboración” y cómo se estableció la eficacia de la misma, lo cual instala una duda más que razonable respecto a la aplicación y utilidad de este criterio para avanzar en verdad.
Pero el argumento de fondo para rechazar este proyecto es su efecto en las víctimas y sus familiares, así como en el conjunto de la sociedad, en medio de un escenario donde predomina la impunidad. Luego de casi tres décadas de juicios tardíos e incompletos, bajas penas y nula colaboración de los inculpados, se han invertido las prioridades y el orden necesario de la justicia poniendo el foco en los beneficios a los criminales antes de establecer plenamente la verdad, hacer justicia y antes de que los condenados hayan cumplido una parte significativa de sus penas.
De 1.193 personas detenidas desaparecidas, solo han sido encontrados los restos de 104. Y de los 1.373 ex agentes procesados, acusados y/o condenados solo 126 están cumpliendo penas, en su mayoría reducidas porque se les reconoce “irreprochable conducta anterior” y se han beneficiado de la media prescripción con lo que asesinos que podrían ser considerados “seriales”, han recibido menos de 10 años de cárcel.
Por ello, éste debería ser el tema de preocupación del Estado y de la sociedad, no el de los beneficios para los autores de crímenes como la desaparición forzada que continúan ejecutándose hasta hoy en virtud de un verdadero sistema de encubrimiento existente al interior de las fuerzas armadas y del Estado.
El Ministerio de justicia y DDHH y la Subsecretaría bajo su dependencia han mostrado una vez más lo que ha sido una constante de las políticas oficialistas en la materia:la ausencia de voluntad, coraje y acciones eficaces para establecer la verdad y hacer justicia. Esa ausencia es particularmente visible respecto al Programa de DDHH, dependiente de dicha Subsecretaría, el cual, a pesar de tener la responsabilidad de tramitar ante los tribunales más de mil casos de violaciones a los DDHH en dictadura, no ha sido fortalecido ni dotado de los recursos necesarios para cumplir con esa función.
Así, argumentando una preocupación “humanitaria” que no alcanza a las víctimas que esperan justicia desde hace décadas, el gobierno cierra su mandato con el envío de un proyecto sobre beneficios a los victimarios aún antes de alcanzar los mínimos en materia de verdad y justicia.
