El Instituto Nacional de Derechos Humanos manifestó duras críticas a las expresiones del diputado Ignacio Urrutia en la Cámara de Diputados en las que calificó como “terroristas” a las víctimas de la dictadura, adjetivando como “regalitos” y “aguinaldos” las medidas reparatorias que se discutían en el parlamento, señalando que la institución “repudia” tales dichos.
Así, la directora del INDH, Consuelo Contreras sostuvo que “dichas declaraciones incitan al odio y a la violencia y se alejan del respeto por los derechos humanos que debe existir en nuestro país”.
Asimismo agregó que “conductas de este tipo, de carácter negacionista, son contrarias al Derecho Internacional de los Derechos Humanos y sancionadas como delitos en la normativa de diversos países”.
El negacionismo, indicó el INDH, recae principalmente sobre crímenes de genocidio y de lesa humanidad, es decir, de aquellos “actos inhumanos que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física”, como son la esclavitud, la desaparición forzada de personas, el exterminio, la tortura, entre otros.
Por otra parte, tras conocerse hoy la decisión del Poder Ejecutivo de retirar el proyecto de ley aprobado previamente en la Cámara, a través del que se otorgaría un aporte único a las víctimas de prisión política y tortura reconocidas por el Estado de Chile, el INDH rechazó “de manera categórica el retiro de la iniciativa del parlamento”.
Según Contreras “esta medida frustra una legítima reparación, que por la edad y composición social de quienes lo recibirían, se hace fundamental para su sobrevivencia y dignidad, en atención a la obligación del Estado de brindar verdad, justicia y reparación a las víctimas de la dictadura y sus familiares”.
“Debemos recordar que muchas de estas personas estuvieron durante largos periodos encarcelados y además experimentaron las consecuencias físicas y psicológicas de la prisión política y la tortura, lo que en muchos casos desencadenó un empobrecimiento que se vería reparado -en parte- por el proyecto de ley”, agregó la directora del Instituto.
El INDH recordó que en su informe anual “Situación de los Derechos Humanos 2017” planteó una recomendación al poder legislativo para “reevaluar los montos de las distintas pensiones de reparación” y revisar la “incompatibilidad entre unas y otras” por tener distinto origen.
La institución ha señalado también que una política de reparaciones debe ser integral y que el “principio de satisfacción no ha sido tomado suficientemente en consideración en materia de reparación, por ejemplo, en salud”.
