El Servicio Nacional del Consumidor ofició al banco Itaú-Corpbanca con el propósito de iniciar una mediación colectiva, gestión extrajudicial que busca que la empresa dé respuesta a los consumidores que señalan haber sido defraudados.
Desde finales de 2017 y hasta la fecha, el Sernac ha recibido 138 reclamos en contra del banco Itaú-Corpbanca, donde los consumidores indican que se les aprueban créditos, avances en tarjeta de crédito, utilización de dineros depositados y líneas de crédito, entre otros, realizando transferencias a distintas cuentas de gente desconocida.
Los usuarios explican que se enteran, en muchos casos, cuando le llegan los avisos a su celular por aprobación de créditos y luego por las transferencias, las que aseguran, nunca realizaron. En algunos casos, se utilizan mandatos inexistentes o que no fueron otorgados para dicho fin.
El pasado 21 de marzo, el Sernac ofició al banco Itaú para conocer mayores antecedentes de este caso, entre ellos, la cantidad de reclamos recibidos por la entidad, los mecanismos que había dispuesto para enmendar estos hechos, la revisión y ajuste de sus mecanismos de seguridad, entre otros aspectos.
Itaú respondió al organismo público explicando que sus sistemas de seguridad no habían sido vulnerados, eximiéndose de responsabilidad, trasladándola a los clientes por el mal uso de sus herramientas de seguridad, como lo son las claves secretas y tarjeta de coordenadas.
Tras analizar los antecedentes, entre ellos, nuevos reclamos, información proporcionada por el diputado Sebastián Torrealba, además de la respuesta entregada por el banco Itaú-Corpbanca, el Sernac decidió iniciar una mediación colectiva.
El director nacional del servicio, Lucas Del Villar, explicó que espera que la empresa esté dispuesta a buscar una solución a la brevedad posible ante un problema que está afectando gravemente a un número importante de personas.
La autoridad recalcó que las entidades financieras tienen el deber de ser profesionales, lo que implica contar con estándares de seguridad y que, en caso de producirse algún hecho que afecte al consumidor, como fraudes generados por fallas en los mecanismos de seguridad, lo que se espera es que entreguen soluciones rápidas y oportunas a los afectados.
