A raíz de esto, la fiscalía le imputó cinco “actos indebidos” que darían cuenta cómo siendo senador de la UDI y luego ministro de Economía, habría favorecido a la minera no metálica. Es así como se solicitó una pena total de 4 años y 6 meses, además de una multa de $253 millones.
En la misiva, titulada “Termina la etapa de la persecución y llega la hora de la justicia”, el ex parlamentario “Desde hace casi tres años, mi familia y yo hemos sido objeto de una persecución implacable e injusta por parte del fiscal Pablo Gómez en la causa denominada Soquimich”, para lo cual, dice, allanaron su casa y oficina y siendo “víctima, además, de destempladas declaraciones y filtraciones ilegales que intentaron desacreditar una vida dedicada al servicio público”.
“El mismo fiscal que hoy me acusa, sin que posteriormente haya cambiado ningún hecho, ofreció durante meses a mi defensa una salida alternativa que eliminaba el delito de cohecho. Sí, aunque parezca increíble y sea difícil de creer, ello fue así”.
Al cerrar la carta, Longueira señaló confiar “en el Poder Judicial de mi querido país y en su capacidad para aplicar la ley sin discriminaciones ni sesgos políticos. Ha terminado la etapa de persecución y llega la hora de la justicia”.
Gómez dijo que “tenemos el respaldo del Servicio de Impuestos Internos con las respectivas querellas, pero además se pudo determinar que, en el caso del señor Longueira, ejecuta actos propios de su cargo y lo hace con infracción a los deberes del cargo”.
“Podemos vincular estos pagos al señor Longueira con infracciones a deberes en el cargo y eso a él lo deja situado en una posición de ser considerado por parte de la Fiscalía como autor de un delito de cohecho“, añadió el fiscal.
