Multas, sanciones administrativas, procesos abiertos con el SII y un bajo control de la violencia. Esos son sólo algunos de los desconocidos hechos que enlodan esta millonaria industria.
Alcohol, cansancio por falta de sueño y millonarias pérdidas. Esos tres elementos, lugares comunes en la gigantesca industria de los casinos chilenos, pueden ser fatales si se cruzan con ludópatas que lo han perdido todo o que arrastran algún tipo de inestabilidad. Ese fue el caso de Osvaldo Campos, el veterinario que en junio de 2017 perdió $18 millones en el Casino Monticello, lo que desató su furia y provocó que vaciara su arma en contra de los clientes, matando a dos de ellos. El sujeto luego se suicidaría en el baño del lugar, tras parapetarse durante horas en el recinto.
El de Campos, sin embargo, está lejos de ser un hecho aislado. Ese mismo junio de 2017, un hombre de nacionalidad siria, que llevaba varios días pernoctando en el Monticello, hirió de un disparo a un guardia de seguridad en otro ataque de furia tras perder varios millones de pesos. Entre Navidad y Año Nuevo de 2018, otro hecho de características violentas sucedió en el Casino de Talca, cuando un comerciante y su hijo decidieron, tras discutir con personal del lugar, entrar con su vehículo destruyendo todo a su paso.
Esos tres casos son parte de una larga lista de hechos violentos que viven los casinos regularmente, pese a ser una industria millonaria que cuenta con recursos como para prevenirlos: en 2017 tuvo ingresos por US$484 millones, de acuerdo a estadísticas de la Superintendencia de Casinos y Juegos (SCJ). Su regulación, en tanto, parece estar en la adolescencia en lo relacionado a hechos de violencia como los protagonizados por el veterinario chileno y el ciudadano sirio, pues ambos entraron al lugar portando armas de fuego sin que existiera control alguno que lo impidiera.
“No nos hagamos los lesos, porque sabemos que los casinos permiten muchas conductas agresivas de los clientes, porque solo les interesa que estas personas gasten su dinero”, dijo el diputado Juan Luis Castro tras los hechos del Monticello, lo que derivó en que presentara un proyecto de ley que obligará a los operadores de casinos a tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores.
La violencia, en todo caso, es sólo uno de los problemas que enfrentan los casinos chilenos. Licitaciones truchas, como la del casino de Chillán; postergación de la entrada de los casinos municipales al sistema de la SCJ, como el bullado caso de Enjoy, el operador del casino de Viña del Mar; incumplimientos reiterados a la normativa de la autoridad y ser la fuente de decenas de operaciones sospechosas anuales, la han convertido en una industria polémica, llena de cuestionamientos, lo que la ha llevado a atrincherarse y hacer un intenso lobby político, comunicacional y judicial, para cambiar el foco de atención hacia una nueva y creciente industria que ve como su competencia: los tragamonedas barriales.
Líderes en operaciones sospechosas
En 2017, la Unidad de Análisis Financiero (UAF), una repartición pública que depende del Ministerio de Hacienda, recibió 3.903 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) a nivel nacional. Los ROS no son más que informes sobre posibles hechos ilícitos en términos financieros, los cuales son estudiados por la UAF dando cursos a multas. En casos extremos, los deriva al Ministerio Público para que inicie causas penales.
Los casinos chilenos son líderes en esta materia. Solo en 2017 reportaron 881 ROS a la UAF, situándolos como la segunda industria a nivel nacional con mayor número de estos reportes. De ellos, además, 103 contenían indicios de lavado de activos o financiamiento del terrorismo, de acuerdo a estadísticas de la UAF.
La cifra de ROS de los casinos ha crecido exponencialmente en los últimos años. En 2013, por ejemplo, se reportaron 36 casos; en 2014, 92; en 2015, 204 y; en 2016, 383. Considerando 2017, cuando se registraron 881 casos, esta industria ha totalizado 1.596 reportes de operaciones sospechosas en esos cinco años. Sin embargo, el alto número de ROS no evita hechos ilícitos al interior de estos recintos. El ejemplo más claro de aquello fue el llamado caso Milicogate.
Entre 2008 y 2014, el cabo Juan Carlos Cruz gastó miles de millones en máquinas tragamonedas de los casinos con dineros provenientes de los Fondos Reservados del Cobre. Se compró un caballo fina sangre, viajó a Cuba con su familia y pagó por cirugía plástica para su pareja. Una vez detenido, habilitó un gimnasio al interior del penal Cordillera, a vista y paciencia de los generales del Ejército.
Según Monticello, las conductas de Cruz fueron informadas a la UAF mediante 15 reportes. Sin embargo, no se trataba de ROS, sino que de simples Reportes de Operaciones en Efectivo (ROE), informes que se realizan sobre cualquier clientes que realice operaciones sobre US$10 mil en efectivo ($6,7 millones), o su equivalente en moneda nacional. A diferencia de los ROS, estos son reportes menores y no cuentan con análisis de inteligencia.
“El gerente legal de Monticello dijo en la audiencia en la comisión investigadora de la Cámara de Diputados que fueron reportes de operaciones en efectivo. No habría hablado de ROS”, dijo a La Tercera Javier Cruz, director de la UAF, cuando fue consultado si Monticello había realizado los ROS correspondientes sobre el cabo Juan Carlos Cruz. “Al mismo casino (Monticello) ya lo multamos una vez con UF 1.000 por el no envío de ROS en otro caso”, agregó.
La multa a la que se refiere Cruz forma parte de otras 15 sanciones que ya ha realizado la UAF sobre esta industria desde 2013. Aquello se suma al proceso que lleva adelante el Servicio de Impuestos Internos (SII) en contra del mismo Monticello en los Tribunales Tributarios y Aduaneros (TTA), al cual le liquidó previamente $6.830 millones por los ingresos de sus tragamonedas.
Infracciones reiteradas, bajas multas
La SCJ, institucionalidad que fiscaliza a esta industria, parece haber quedado chica frente al desarrollo de este sector. Dicha superintendencia apenas cuenta con 13 fiscalizadores a nivel nacional para 18 casinos en funcionamiento, entre los cuales se incluyen los siete que aún operan bajo un sistema concesión municipal.
Desde 2012 hasta 2017 la SCJ había cursado 129 multas a los casinos chilenos por diversos tipos de irregularidades, de acuerdo a cifras públicas de la entidad. En 2012, por ejemplo, sancionó al gerente general del Casino Termas de Chillán “por impedir las labores de fiscalización de esta Superintendencia” en 150 UTM, unos $7,2 millones actuales. En 2013, en tanto, multó en 90 UTM ($4,3 millones) al Gran Casino de Copiapó “por incumplir las instrucciones referidas a la confección y presentación de los Estados Financieros”.
La mayor parte de las sanciones a los casinos tienen que ver, precisamente, con infringir normativas derivadas de los procesos de fiscalización o de entrega de información financiera certera. Pero también con cómo operan sus salas de juegos. En 2016, por ejemplo, Latin Gaming Calama fue multado en 340 UTM, unos $16 millones, por infringir seis normas relativas a “juego responsable”.
El monto de dichas multas no parecen disuasivo, si se comparan con los US$484 millones que obtuvo como ingresos la industria en 2017. Quizás por ello la SCJ ya se encuentra trabajando en un nuevo Plan Estratégico (2018-2020), que comprende un rediseño del macroproceso de fiscalización, aunque conocedores de esta industria dicen que es difícil controlar un sector tan complejo como este, en el que se mezclan alcohol, violencia, ludopatía, intereses empresariales y millonarias cifras.
