Para las 9 horas de este jueves, en el Juzgado de Garantía de Rancagua, está fijada la crucial audiencia en que el tribunal ratificará el cierre de la investigación del caso Caval, anunciado por la fiscalía, o si accederá a la solicitud de algunas defensas de reabrir la indagatoria por diligencias pendientes.
En caso de que el tribunal confirme el cierre de la investigación, el equipo que encabeza el fiscal regional de O’Higgins, Emiliano Arias, tendrá 10 días para presentar acusación contra las siete personas que decidió llevar a juicio oral, entre ellas Natalia Compagnon, la nuera de la Presidenta Michelle Bachelet.
Se estima como poco probable que el tribunal acoja la solicitud de reabrir la indagatoria por un plazo que debería fijarse en la misma audiencia. La mayoría de los abogados defensores está de acuerdo en que la investigación se encuentra agotada y que se debe pasar a la acusación e ir a juicio oral, donde esperan probar la inocencia de sus representados.
El miércoles, día en que la fiscalía informó al Juzgado de Garantía de Rancagua del cierre de la indagatoria, Antonio Garafulic, abogado de Compagnon, dijo que “nosotros hemos sostenidos en reiteradas oportunidades que la investigación se encuentra agotada y lo que corresponde es pasar a la etapa de juicio oral”.
La investigación se originó en enero de 2015, tras la compra de Caval de los terrenos en Machalí por $6.500 millones y su posterior venta en $9.500 millones, es decir, han transcurrido dos años y poco más de seis meses de indagatoria. Sebastián Dávalos, hijo de la mandataria y esposo de Compagnon, es investigado en esta causa, pero no ha sido formalizado y al parecer ya no lo será, aunque los tribunales han negado su sobreseimiento definitivo.
Los principales imputados son Compagnon y su socio en Caval, Mauricio Valero. La nuera de Bachelet está formalizada por declaraciones de impuestos maliciosamente incompletas o falsas, mediante facturas falsas, mientras que Valero enfrenta cargos por el mismo delito, además de soborno.
Los otros imputados son el síndico de quiebras Herman Chadwick (vendió los terrenos a Caval), Juan Díaz (ayudó al síndico), Cynthia Ross (arquitecta de la Municipalidad de Machalí), Jorge Silva (director de Obras de la municipalidad) y Marisol Navarrete (esposa de Silva). Además de las personas naturales, la sociedad Caval fue imputada como persona jurídica.
Los ilícitos imputados, según cada cual, son delitos tributarios, ventajas indebidas del síndico, cohecho y soborno. Las penas van de los 541 días a los 15 años de cárcel, pero hay atenuantes que rebajarían sustancialmente las sentencias.
