Luego que la Presidenta Michelle Bachelet firmara este lunes en La Moneda el proyecto que establece una nueva ley de migraciones, el documento inició formalmente su tramitación este miércoles en la Cámara de Diputados, luego que se diera cuenta en la sala de su ingreso.
El mensaje hace énfasis en que este nuevo marco legal se basa en el respeto universal a los derechos humanos, además de recoger los estándares internacionales en cuanto a la protección de niñas y niños.
Así, por ejemplo, se dispone la exención de responsabilidad, la presunción legal de su calidad de tal cuando carezcan de documentación o existan dudas sobre su edad, un procedimiento de información ante los tribunales de familia para cautelar sus derechos o el restablecimiento del goce y ejercicio de sus derechos y la obligación para la autoridad de control migratorio de informar a la autoridad administrativa responsable de la protección de los derechos de las niñas y niños.
El proyecto de ley establece una serie de deberes que recaen sobre las y los extranjeros mientras se encuentren en territorio chileno, como el deber de sujeción a las normas internas, la regularidad migratoria, entregar información fidedigna y comunicar su domicilio a la autoridad migratoria.
La iniciativa establece un sistema nacional migratorio y crea un Comité de Política Migratoria para la elaboración y actualización de la política migratoria. Asimismo, se fija una autoridad de control migratorio, a cargo del control en frontera y de la verificación de antecedentes de los solicitantes.
La política migratoria consistirá en un conjunto de lineamientos que darán lugar a los planes, programas, acciones e instrumentos del Estado en diversas materias sectoriales, y tratará cuestiones como el acceso a la salud, la educación, la vivienda, los aspectos derivados de la seguridad pública, la integración laboral por medio de la promoción del reconocimiento de títulos profesionales, entre otras.
El proyecto de ley establece requisitos generales de ingreso y egreso al territorio nacional, exigiendo que la entrada y salida se efectúe por lugares habilitados, con documentos de viaje válidos y cumpliendo con las condiciones y requisitos legales que limitan el acceso al país y su permanencia, fortaleciendo los controles migratorios como medida de resguardo del orden y seguridad pública.
Las categorías migratorias serán: permiso de turista; permiso de visitante; habitante de zona fronteriza; residente temporal; residente oficial, y residente definitivo. En cada una de estas categorías se establecen procedimientos para solicitar los distintos tipos de permisos, su prórroga y causales de rechazo y revocación.
Además, la iniciativa establece prohibiciones de ingreso, contemplando causales imperativas y facultativas, comportándose estrictamente con quienes hayan cometido delitos graves, de lesa humanidad y terroristas, entre otros.
Respecto a las sanciones, se contemplan de manera pormenorizada aquellas causales de amonestación, imposición de multa, prohibiciones de ingreso especiales y expulsiones. Se establecen, además, sanciones de multa a terceros, tales como empleadores que cometan fraude o transportistas que no cumplan con deberes de información, entre otros.
La situación migratoria se reflejará en un registro, que será de acceso restringido y alimentado por los Tribunales de Justicia, el Servicio de Registro Civil, Gendarmería de Chile, policías, entre otros.
