El Gobierno, la Confederación Nacional del Transporte de Carga (CNTC) y Chiletransportes firmaron en La Moneda el acuerdo para evitar el anunciado paro de los camioneros por los atentados incendiarios, acuerdo que incluye medidas de distinto tipo que deberán implementarse en diferentes plazos.
Sergio Pérez, presidente de la CNTC, dijo que el principal punto de este acuerdo es la suma urgencia que le pondrá el Gobierno al proyecto que modifica la Ley Antiterrorista para incorporar la figura del agente encubierto con el fin de infiltrar a los grupos violentistas que operan en la macrozona del conflicto mapuche.
Además, resaltó que estos cambios a la ley también contemplan los testigos protegidos en los juicios y que estos se realizarán en regiones distintas a las zonas donde se cometen, para evitar presiones sobre jueces, fiscales, abogados y todos los intervinientes.
Pérez pidió al Congreso la máxima celeridad para tramitar estas modificaciones y llamó a todos los miembros de la CNTC que estaban estacionados en las bermas de las carreteras del país, esperando instrucciones, a deponer las movilizaciones.
“Hemos llegado a un acuerdo con el Gobierno que satisface el mandato de nuestras bases, el detalle del acuerdo está ya escrito y firmado, con plazos establecidos, por lo tanto, responsablemente este presidente nacional de los camioneros de Chile les pide a los colegas que están en las bermas de las carreteras de la nación, se regresen a sus casas porque esta justa movilización ha sido suspendida. Esperamos el cumplimiento total y completo de los compromisos”, dijo Pérez.
El acuerdo fue firmado en la sede de Gobierno por el ministro del Interior, Mario Fernández; el subsecretario Mahmud Aleuy; la titular de Transportes, Paola Tapia; el mismo Sergio Pérez y el presidente de Chiletransportes, Víctor Manuel Contreras.
Otros puntos del acuerdo son la designación de un coordinador interregional en la macrozona del conflicto mapuche para emprender acciones contra los atentados, escolta policial para los camiones, asistencia a las víctimas y otras que tienen distintos plazos de implementación, las más inmediatas dentro de 30 días.
