La Contraloría General de la República podría pagar como indemnización la suma de 8 millones de pesos a una actual funcionaria que denunció ante los tribunales laborales haber sufrido maltratos tales que configurarían violación de sus derechos fundamentales como trabajador. Así lo propuso como base de un acuerdo indemnisatorio propuesto por el Juez a las partes, en la respectiva causa judicial, a la luz de los antecedentes aportados por la denunciante.
Los hechos en que se basa la denunciante habrían acontecido a partir del año 2015 cuando se le trasladó a la Fiscalía de la entidad, contra su voluntad y sin tener los conocimientos ni la capacitación para desempeñar las funciones encomendadas, pues quien efectuó la denuncia está en posesión del titulo de Contador Auditor, y en la unidad a la que se le trasladó esta conformada casi íntegramente por abogados o egresados de Derecho.
Además de este hecho singular, la denunciante expresa en su presentación al tribunal haber sufrido un clima de abusos y acoso por parte de su Jefatura Directa, que se vio agravada desde la implantación de exigencias desmedidas en cuanto a los plazos de entrega de los sumarios a cargo de cada funcionario, lo que derivó en renuncias de otras funcionarias y hasta el suicidio de un funcionario quien habría señalado reiteradamente estar muy afectado por no poder cumplir los plazos impuestos por la Fiscal de la Institución Pública.
El Tribunal conforme al mérito de lo expuesto en la demanda propone a las partes llegar a un acuerdo en que la Contraloría General de la República pagaría la suma de 8 millones de pesos en calidad de Indemnización a la denunciante, lo que está en proceso de aprobación del Consejo de Defensa del Estado.
El hecho de discutirse un acuerdo, con la venia de la Contraloría General, presupone una preocupante situación respecto de los funcionarios de ese organismo, que son de exclusiva confianza del contralor de turno y más preocupante aun, considerando que ese organismo, supuestamente es el primer encargado de velar por el respeto a los derechos de todos los demás funcionarios públicos.
En cuanto a la Fiscal de la Contraloría, responsable según la demanda de la funcionaria, de parte de los maltratos denunciados, fuentes cercanas a la institución señalan que se trata de una funcionaria de confianza del actual contralor Bermudez, que además no se trataría de una funcionaria de carrera, sino alguien traído desde otro misterio, y por último, con posterioridad a la presentación de la demanda, fue convenientemente trasladada a otra división dentro de la institución de calle Teatinos.
