El Juzgado de Garantía de Los Vilos decretó las medidas cautelares de firma periódica y arraigo nacional para las dos funcionarias del Servicio Nacional de Menores (Sename), formalizadas por cuasidelito de homicidio, por la muerte de la pequeña Rechel Conteras Vega de 10 años, quien falleció en febrero de 2016 en la mencionada ciudad de la región de Coquimbo.
La audiencia se llevó a cabo en el Juzgado de Garantía de los Vilos, lugar en que el fiscal regional de Los Lagos, Marcos Emilfork Konow, además imputó el delito de entrega de documentación falsa a González Catejo. El tribunal determinó 6 meses para la investigación
La niña Rechel Naomi Contreras Vera (10 años) se encontraba bajo el cuidado de la Residencia Villa Padre en la localidad de Quinta de Tilcoco (VI Región), organismo colaborador del Servicio Nacional de Menores. En febrero de 2016, la directora del centro, María Teresa González Catejo, determinó trasladar a la menor a un centro vacacional ubicado en Pichidangui, comuna de Los Vilos, quedando a cargo de la educadora de trato directo, Sonia Gaona Sotelo.
Según los abogados persecutores, el centro no contaba con la implementación necesaria para atender la enfermedad de la menor en caso de que esta sufriera una descompensación.
El día 11 de febrero de 2016, la menor fue trasladada a un recinto de salud en estado grave producto de una descompensación de su enfermedad. Producto de la gravedad de su estado, la menor dejó de existir a las 11:35 horas producto de una bronconeumonía, una complicación derivada del lupus.
A juicio de los persecutores hubo una reacción “tardía” por parte de la funcionaria pública, hecho por el cual se realizó la imputación del mencionado delito.
El segundo hecho formalizado se relaciona con que el 8 de julio 2016, la imputada González Catejo entregó una receta de los medicamentos que debían ser suministrado a la menor y que no fueron las originalmente prescritas.
Según expusieron los fiscales, “previo a aquella audiencia, les exigiera a aquellos funcionarios modificarlo y confeccionar uno nuevo, falso”, el que fue presentado ante el Tribunal. “Este documento falso fue ofrecido e incorporado por la imputada, conociendo su falsedad”, agregaron.
“Con esto seguimos avanzando en las investigaciones que están a mi cargo para esclarecer las circunstancias en que fallecieron distintos niños, niñas y adolescentes que se encontraban bajo protección del Estado y particularmente del Servicio Nacional de Menores”, señaló el Fiscal Emilfork.
En relación con el delito de presentación de documento falso, el persecutor indicó que “eso demuestra las dificultades investigativas que nos hemos encontrado en esta investigación con hechos de gravedad y relacionados con la aportación información y documentación falsa que incluso se ha realizado ante los propios tribunales de la República. De esta forma buscamos esclarecer no solamente todas las circunstancias del fallecimiento, sino que también en cada caso investigamos casos relacionados u otros hechos ilícitos que pudieran tener vinculación con el hecho principal investigado”.
