-La obligatoriedad de cotizar les significa a trabajadores independientes imponer casi un 20% de su ingreso mensual. De aprobarse la reforma previsional enviada por el Ejecutivo, esa cifra aumentaría a un 25%. Si se considera, además, el 10% adicional de retención mensual del Servicio de Impuestos Internos (SII), a una persona en modalidad honorarios se le descontaría entre un 30% y un 35% de su remuneración líquida.
-La Ley 20.824 fue planeada bajo el primer Gobierno de Michelle Bachelet, y se concretó en el de Sebastián Piñera. Sin embargo, sindicatos lograron en 2015 se promulgaran una “Ley corta”, que la prorrogó hasta 2018. El fundador y economista de Felices y Forrados, Gino Lorenzini, dice que la normativa “perjudica a los trabajadores” y tiene un gran “vacío legal”.
Por estos días, apreciamos que algunos candidatos presidenciales proponen el fin del actual sistema previsional de capitalización individual, reflejado en las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Lo reemplazarían por uno de reparto solidario para asegurar “un piso” de pensión digna equivalente o mayor al sueldo mínimo ($270.000 actuales).
Tal es el caso de los aspirantes a La Moneda Beatriz Sánchez del Frente Amplio (FA); Alejandro Navarro (País); Marco Enríquez Ominami (PRO); y Eduardo Artés (UPA), quienes adhieren a propuestas de la “Coordinadora No + AFP”, que se traduce en que los fondos son de todos, rentan para todos y se reparte de forma equitativa a los que están por jubilarse, en el que los más jóvenes financian a personas prontas a jubilarse.
La centroizquierda, en tanto, representada por Carolina Goic (DC) y Alejandro Guillier (Fuerza de la Mayoría), están por mantener el sistema, pero modificándolo e incorporándole una componente solidaria. Es decir, abogan por un sistema mixto de capitalización individual y de reparto. Que la cotización aumente a 15%, y con 3% o 5% de aporte solidario, el que podría ser administrado por un ente público.
En la vereda contraria, el candidato del Chile Vamos, Sebastián Piñera y el independiente José Antonio Kast (IND) adhieren mantener el sistema actual, perfeccionándolo, aumentando en al menos 4% la cotización, pero sin componente solidario.
Obligación legal
Sin embargo, ninguno de los presidenciables ha mencionado algo que afecta directamente a los trabajadores a honorarios: estarán obligados a cotizar a partir de enero del próximo año.
A principios del 2016, se publicó la Ley N°20.894, que prorroga hasta el 2018 (operación renta 2019) la obligatoriedad de cotizar de los trabajadores independientes.
Esto se traduce en que, una persona que emite boletas de honorarios deberá cotizar por cerca de 20% de su remuneración. Es decir, 10% para cuenta de capitalización individual en AFP; más el 1,41% por Seguro de Sobrevivencia e Invalidez; más comisión AFP (desde 0,41% a 1,48%, según la AFP). A lo anterior, se agrega el 0,95% para Seguro Social contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, y la cotización adicional, si es un trabajo de riesgo; y por último, el 7% para Fonasa o Isapre.
Se excluye, por ende, el Seguro de Cesantía, porque sólo aplica a trabajadores dependientes regidos por el Código del Trabajo.
En Chile, la fuerza laboral sobrepasa los 4 millones de personas, y de aquellas, un 5% corresponde a independientes con más de 400 mil. De estos últimos, cerca de 300 mil laboran para el Estado.
A modo de ejemplo, si un trabajador a honorario percibe un salario de $600.000 brutos, si se le descuenta el casi 20% mencionado con anterioridad, queda con $480.000. Pero eso no es todo, porque se debe considerar el 10% de retención destinado al Servicio de Impuestos Internos (SII). O sea, otros $60 mil (Si bien se devuelven al año siguiente, les perjudica en tener efectivo mes a mes). En consecuencia, le quedan para su bolsillo como líquido sólo $420.000.
La obligatoriedad de cotizar implicaría, a la postre, a estos trabajadores imponer hasta un 30% de ingreso mensual. O incluso un 35%, si se aprueba la reforma previsional enviada por el Ejecutivo al Congreso, la cual dispone un incremento de un 5% a la cotización mensual, pero con un 2% destinado al “Nuevo Ahorro Colectivo”.
Esta iniciativa fue diseñada bajo el primer Gobierno de Michelle Bachelet, y se concretó en el de Sebastián Piñera. Sin embargo, algunos sindicatos lograron en 2015 que parlamentarios promulgaran una “Ley corta”, que la prorrogó hasta 2018.
Vacío legal
Para Gino Lorenzini, economista y fundador de la consultora previsional, Felices y Forrados (www.felicesyforrados.cl), esta normativa tiene un “vacío legal”, que puede ser “muy grave” y perjudicial para este tipo de trabajadores.
“La situación de los trabajadores independientes a partir de enero de 2018 es compleja. O sea, tendrán que imponerse casi por un 20%, que hoy no se están imponiendo. No es sólo el 10% de retención que pagan actualmente, sino que van a tener que pagar una multa de 10% adicional, y eso debería imponer a los trabajadores desde enero”, comenta el especialista.
Sobre lo mismo, añade: “Lo que va a pasar, y como somos chilenos, es que el 98% de las personas que son a honorarios, no se van a imponer. Va a llegar mayo de 2019, y le van a decir pague el 20%. Sólo con eso, lo peor de todo es que se va estar pagando la AFP, el SIS (Seguro de Invalidez y Sobrevivencia), además del seguro de accidentes del trabajo, que no cubre nada”.
Lorenzini se pregunta qué pasaría si en junio de 2018 un trabajador independiente se accidenta, ¿El seguro va a cubrir esa situación?
El economista responde: “No. La ley tiene un vacío legal, porque finalmente la Ley te exige como requisito tener una imposición previa, por tanto, toda la gente que no se imponga, va a tener un accidente y no tendrá cobertura, pero igual va a tener que pagar”.
Incluso es más tajante, al decir: “Acá le van a pegar un ´manotazo` a las cotizaciones de todo un año que no van a tener ninguna contraprestación, respecto al seguro de invalidez y respecto al seguro de accidente del trabajo, y Fonasa”.
Por lo mismo, estima que la situación que se aproxima para estos “nuevos cotizantes” es bastante grave. “Está muy mal implementado (…) A los trabajadores independientes, les aconsejo que comiencen a imponer el 20%, desde enero de 2018, porque, de lo contrario, si no en mayo de 2019 lo pueden pasar muy mal”.
Funcionarios públicos
La semana pasada, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras a Honorarios del Estado (Untthe) solicitó a los parlamentarios y al Gobierno, otra “Ley corta” que aplace -nuevamente- la obligatoriedad de cotizar.
Lo anterior, con el fin de poder abordar la precariedad laboral a la que -aseguran- están sometidos los honorarios del Estado. Para muestra un botón: la mayoría no tiene derecho a licencia, se les descuentan los días que no pueden ir a trabajar por estar enfermos, y las mujeres no tienen ningún derecho maternal, entre otras precariedades.
“Como el Estado no nos reconoce como sus trabajadores, pese a que cumplimos funciones habituales bajo subordinación y dependencia, este descuento (la cotización en las AFP) saldrá de nuestro salario actual, reduciendo nuestro sueldo líquido en casi un 25% automáticamente. Y, en el caso de que se apruebe la reforma a las pensiones propuesta por el actual gobierno, esa cantidad podría subir hasta casi un 30%”, señalaron los trabajadores en la convocatoria a la marcha, citados por El Ciudadano.
Finalmente, añaden: “No queremos ser quienes inyecten aún más recursos a un sistema de AFP que entrega pensiones de miseria, pero genera ganancias enormes a sus dueños (…) Es nuestro derecho rechazar la obligación de cotizar en las AFP”.
Visión de administradoras
Desde las AFP, en tanto, defienden esta incorporación de cotización obligatoria a trabajadores no dependientes.
“No existe justificación para obligar a unos, los dependientes, y liberar a otros, los independientes, de la responsabilidad de contribuir para las pensiones”, dijo a Economía y Negocios de El Mercurio, Roberto Fuentes, el gerente de estudios de la Asociación de las AFP.
Habrá que esperar si las autoridades y parlamentarios toman cartas en el asunto para aplazar esta medida o respaldar que esto ocurra a partir de enero de 2018.
