El fiscal nacional Jorge Abbott manifestó que el Ministerio Público se siente “satisfecho” por la resolución adoptada por el pleno de la Corte Suprema que desaforó al senador Iván Moreira, por emitir boletas ideológicamente falsas al grupo Penta para financiar su campaña al parlamento en el 2013, el pasado 3 de noviembre.
Tras finalizar su discurso en el Seminario “10 años de vigencia de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente: Estado actual y desafíos”, la autoridad sostuvo que “la Corte Suprema rechazó la apelación del senador. El voto de mayoría de los ministros ha establecido que hay antecedentes serios y graves para seguir adelante con la investigación y luego con la formulación de cargos en su contra”.
Asimismo, frente a algunos cuestionamientos respecto de que el Ministerio Público podría estar “frenando” algunas de las investigaciones, señaló que la Fiscalía cuenta con avances sustanciales.
“En las investigaciones relativas a Penta, SQM y Corpesca hoy tenemos 174 personas formalizadas, de las cuales 47 están acusadas, ocho condenadas y tres parlamentarios han sido desaforados. En consecuencia, las investigaciones han avanzado y particularmente lo han hecho en los casos en que el Servicio de Impuestos Internos ha presentado la denuncia o la querella que habilita al Ministerio Público para seguir adelante con estas investigaciones”, afirmó.
En otro tema, el jefe del Ministerio Público calificó como un “fracaso del Estado” cada vez que un menor de edad es condenado en Chile, agregando que la entidad que él representa “no queda indiferente luego de la condena de un menor. Al contrario, nos indigna, porque tener que condenar a un adolescente es un fracaso del Estado, del que el Ministerio Público forma parte “.
En la actividad, el fiscal nacional señaló que “es urgente colaborar, y no sólo desde el Estado, también es necesario comprometer a toda la sociedad en su conjunto para mejorar las respuestas que damos frente a los conflictos de relevancia penal en los que se ven involucrados niñas, niños y adolescentes”.
Abbott detalló que, aunque ha disminuido el ingreso al sistema de justicia de jóvenes entre 14 y 17 años, desde la entrada en vigencia de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescentes (RPA) en 2008, en el mismo lapso aumentado el número de delitos que cometen.
“Esto nos muestra que el sistema en sí mismo no ha sido capaz hasta ahora de intervenir adecuadamente. El Estado no ha sido capaz de enfrentar un fenómeno que es preocupante”, advirtió.
