El Ejército de Chile se refirió a la información sobre la quema de documentación proveniente de los servicios de inteligencia de la dictadura durante los años 1980 y 1982, hecho que fue confirmado por el próximo comandante en jefe, general Ricardo Martínez, quien firmó el sumario administrativo que se realizó en enero de 2016.
Mediante comunicado, la institución castrense indicó que “es un deber para el Ejército de Chile aclarar a la opinión pública que se ha actuado con apego a la legalidad”, agregando que resulta “impracticable la aplicación de sanciones por responsabilidad administrativa” a los autores de la destrucción de los archivos, por encontrarse prescritos los delitos.
“Dado el tiempo transcurrido desde la comisión de los hechos, jurídicamente y en el ámbito administrativo de su competencia, no resultaba posible decretar medidas disciplinarias en contra de los eventuales responsables por encontrarse prescrita dicha responsabilidad administrativa”, remarcó.
No obstante, el Ejercito dijo realizar un reproche “ético y moral” a la quema de información por parte de los uniformados, porque los hechos “contravienen la doctrina institucional”.
Asimismo, el documento descartó que el general Martínez “en su calidad de jefe del Estado Mayor General del Ejército, no dispuso la destrucción de documento alguno, como ha trascendido en algunos medios”, añadiendo que Martínez entregó todos los antecedentes al ministro en visita, Alejandro Madrid.
Según radio ADN, el 3 de enero de 2016, el entonces jefe del Estado Mayor General del Ejército, Ricardo Martínez Menanteau – el próximo comandante en jefe-, firmó un documento reservado con los resultados de una investigación sumaria administrativa a los archivos de la CNI como también a los de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) del período señalado, los cuales fueron destruidos por personal uniformado.
