La sala de la Cámara de Diputados aprobó de manera unánime el proyecto de ley que elimina las diferencias entre obreros y empleados, en materia de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. La iniciativa ya había sido aprobada por el Senado, por lo cual quedó en condiciones de ser promulgada como ley.
La norma establece que, en caso de accidentes laborales o de enfermedades profesionales, los trabajadores afiliados al Instituto de Seguridad Laboral (ISL) que hoy reciben la calificación de obreros puedan acceder a una atención de salud especializada en toda la red de prestadores, es decir, a través de prestadores públicos o privados, ya que todos son considerados trabajadores sin distinción alguna.
La ministra del Trabajo, Alejandra Krauss, destacó el trabajo parlamentario, el compromiso y la aprobación del proyecto, destacando que “la nueva ley beneficiará a unos 350 mil trabajadores y trabajadoras, entre ellas, manipuladoras de alimentos, temporeras y trabajadoras se casa particular”.
“El Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet nuevamente da una muestra de que sus políticas tienen un enfoque de derechos, pues al patrocinar este proyecto que hoy ha sido aprobado nos permite eliminar esta odiosa discriminación”, dijo la secretaria de Estado.
Por su parte, la subsecretaria de Previsión Social Jeannette jara, señaló que “al entrar en vigencia la nueva norma, ya no existirá la distinción entre obreros y empleados, pues todos tendrán los mismos derechos para ser atendidos y rehabilitados cuando sufren un accidente laboral o padecen una enfermedad profesional, ya que actualmente no gozan de los mismos beneficios”.
Si bien la legislación actual no discrimina entre obreros y empleados en lo laboral desde la década de 1980, para efectos de la seguridad y salud en el trabajo sí establece diferencias en el caso de aquellas personas afiliadas al ISL. Esta normativa hoy vigente se basa en una antigua premisa del mundo laboral, que disociaba entre aquellos trabajos con preeminencia de esfuerzo físico (obreros) y en los que primaba el esfuerzo intelectual (empleados).
En cambio, con la modificación aprobada no existirán esas diferencias, eliminándose la calidad de obrero y empleado, reconociéndose a todos como trabajadores con igualdad de derechos.
