Casi una veintena de agrupaciones de derechos humanos -entre las que destaca Londres 38- manifestaron su rechazo a la resolución adoptada por la Comisión Nacional de Refugiados (CONARE) de Argentina, que revocó la condición de Refugiado Político de Galvarino Apablaza Guerra, otorgada en 2010, abriendo paso así a su extradición a Chile por el encontrarse acusado por los tribunales chilenos de ser el autor material de la muerte del senador de la UDI, Jaime Guzmán.
“Las organizaciones abajo firmantes creemos que en nuestro país no existen las condiciones para un juicio justo debido a la campaña desatada por la UDI y a la existencia de numerosos casos de personas que han permanecido años en prisión preventiva, siendo absueltos posteriormente”, sostuvieron mediante comunicado.
En dicho contexto, las organizaciones indicaron que “Apablaza fue víctima de la prisión política y la tortura y está acreditado su paso por Londres 38, el Estadio Chile, la Cárcel Pública de Santiago, la ex-Penitenciaría, Tres Álamos y Puchuncaví, y su posterior expulsión del país sin juicio previo, en 1975. Hoy se le acusa de participación en el asesinato de Jaime Guzmán y otros delitos”.
Asimismo, se afirmó que en Argentina 10 organismos de DD.HH rechazaron la medida que abre las puertas a la extradición del ex frentista, agregando que se “ha revocado arbitrariamente la condición de refugiado regulada por la ley argentina y por “los estándares internaciones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) sobre protección a refugiados políticos”, lo cual se da “en el marco de una coordinación represiva con el Gobierno de la República de Chile que implica la intensificación de la represión de la protesta social y de los reclamos de tierras por parte de las comunidades mapuches en el sur de nuestro país”.
“En el marco de una impunidad generalizada en los casos de violaciones a los DDHH en dictadura, con represores que habiendo sido condenados se encuentran prófugos desde hace años, y con una campaña sistemática para el otorgamiento de formas de libertad para los pocos responsables que están cumpliendo condena”, sostienen
Finalmente, solicitaron al Conare la revocación de la medida y “hacemos presente al Acnur que este hecho constituye un grave antecedente que afecta el derecho al refugio y la aplicación del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho humanitario”.
