La Asociación Nacional de Fiscales lamentó las renuncias de Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, pero dos miembros del directorio –incluida la presidenta, Trinidad Steinert- no coincidieron con los 5 de mayoría, que opinaron que no era obligación del Ministerio Público ofrecer una salida alternativa al senador Iván Moreira.
En una declaración pública, el gremio lamentó la renuncia de los fiscales del caso Penta, “pues durante sus años en la institución aportaron con un trabajo profesional, serio y de calidad en investigaciones de una complejidad que difícilmente nuestro sistema procesal penal podía avizorar. Es innegable que su trabajo ha sido un aporte invaluable para el posicionamiento del Ministerio Público en la comunidad”.
La asociación añadió que “estas renuncias constituyen una oportunidad para reflexionar sobre el fondo del asunto y es que estas investigaciones han dejado al descubierto una relación entre política y dinero que es y ha sido rechazada por la sociedad y por nosotros como miembros de la misma”.
“Al respecto, no podemos soslayar el hecho que las bajas penas asociadas a estos delitos permiten que cumpliéndose ciertos requisitos los imputados puedan optar a salidas alternativas, decisiones que, si bien técnicamente no merecen reparos, dejan al descubierto la incoherencia de nuestro sistema penal que admite posibilidades que producen una justificada molestia en la ciudadanía, puesto que finalmente los jueces no podrán pronunciarse sobre el fondo del tema, lo que resulta lamentable”, agregó la nota.
En el punto 3 de la declaración no hubo unanimidad y se advirtió en el comunicado que Trinidad Steinert, presidenta de la asociación, y la directora Erika Maira no lo suscriben.
Este punto señala: “En todo caso, la decisión de llegar a una suspensión condicional en el caso del Senador Moreira no era una obligación para el Ministerio Público. Se trata de una opción que es jurídicamente legal, pero opinable desde una óptica político criminal. Corresponde a quien ha tomado la decisión explicar porque se opta por un camino que difícilmente será entendido por la ciudadanía”.
Gajardo y Norambuena presentaron ayer sus renuncias a su superior directo, el fiscal regional metropolitano Oriente, Manuel Guerra, quien las comunicó al fiscal nacional Jorge Abbott. Los renunciados seguirán en sus cargos hasta el 31 de marzo, para asegurar el traspaso de información a sus sucesores.
