La ministra de Salud, Carmen Castillo, confirmó que la ley de aborto en tres causales no permitirá la objeción de conciencia a recintos de salud privados que reciban aportes estatales.
El fin de semana se conoció el protocolo elaborado por la cartera, que afirma que en el caso de los recintos administrados y de propiedad de entidades privadas y que mantienen un convenio con el Estado para entregar prestaciones del AUGE o donde la red pública no tiene cobertura, no podrán abstenerse de practicar abortos.
Castillo confirmó que esta norma se aplicará para todas las instituciones que entreguen prestaciones obstétricas y ginecológicas.
Dicha normativa pondría en aprietos al menos a 4 recintos que ya habían manifestado previamente que se acogerían a la objeción: el Hospital de Pucón, de Panguipulli, el Parroquial de San Bernardo y el San José de Puerto Varas.
Para la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, se trata de una normativa correcta, que dará la opción a los recintos a que escojan si siguen contando con el financiamiento estatal, pero bajo ciertas condiciones.
En el caso del Hospital Parroquial de San Bernardo, que cuenta con un servicio de ginecología y obstetricia con 290 mil pacientes del sector público, la situación es compleja.
De hecho, el obispo Juan Ignacio González acusó -en declaraciones a La Tercera- que se intenta imponer la realización de abortos y no descartó recurrir a tribunales para revertir la medida.
