Como una manera de responder a las críticas condiciones carcelarias que detectó el informe elaborado por la Fiscalía Judicial de la Corte Suprema, el ministro de Justicia, Jaime Campos, defendió la gestión que ha desarrollado la actual administración.
“Valoramos la información que nos proporciona la Fiscalía Judicial sobre la materia, por supuesto que no podemos dudar ni controvertir lo contenido, pero la verdad es que no nos sorprende para nada el contenido del mismo, es lo mismo que han venido planteando hace 15 años (…) Lo que sí nos llama la atención y es lo que queríamos connotar, es que hay dos hechos que no han sido informados adecuadamente y que guardan directa relación con la materia”, dijo Campos.
En primer lugar, Campos explicó que en abril de 2017 se elaboró un nuevo reglamento penitenciario, en el que se establecen normas a las que deben someterse los penales y que regula las actuaciones de los condenados, incorporando el respeto a los Derechos Humanos. Pero que este documento no ha entrado en vigencia ya que la Contraloría no ha tomado razón del decreto.
“La inmensa mayoría de las observación o reparos planteados por la Corte están resueltas, recogidas o contenidas en este decreto que debió haber entrado el vigencia el 1 de diciembre de 2017, pero que aún no entra porque la Contraloría no ha tomado razón del mismo. Este Ministerio ha cumplido cabalmente en lo que nos correspondía”, explicó.
Respecto a la reinserción social, Campos dijo que en este punto han trabajado “silenciosamente” en la elaboración de una política nacional e integral. “Parece que queremos descubrir la pólvora o la rueda nuevamente” dijo respecto a la propuesta de crear un comité especial “de alto nivel” referente a este tema.
