Ministerios y otras reparticiones públicas solicitaron el retiro de al menos 405 decretos del Gobierno anterior desde la Contraloría General de la República, durante los primeros 15 días de la administración del Presidente Sebastián Piñera.
Según publica hoy la Tercera, la información está consignada en una solicitud -vía transparencia- realizada por el Senado a la Contraoría, informe al que tuvo acceso el diario.
En el documento de 273 páginas se detalla que, tras asumir, entre el 11 y el 26 de marzo, las autoridades de la nueva administración retiraron reglamentos, bases de licitación, nombramientos, renovaciones de contratos, convenios, entre otras resoluciones y decretos, que fueron enviados durante el último periodo de la ex Presidenta Michelle Bachelet.
Del total, 383 retiros corresponden a solicitudes directas de los distintos ministerios, mientras que las otras 22 fueron tramitadas por otros organismos públicos dependientes como, por ejemplo, Carabineros de Chile, el Ejército y el Servicio de Impuestos Internos, entre otros.
La Tercera destaca que el requerimiento de información por parte del Senado se da en momentos en que desde la oposición se ha instalado una fuerte inquietud de que -por la vía administrativa- el Ejecutivo modifique la aplicación de ciertos proyectos de ley aprobados por el Congreso.
De hecho, afirma el diario, se espera que el presidente del Senado, Carlos Montes (PS), aborde este y otros temas en la reunión que sostendrá hoy en Valparaíso con el ministro del Interior, Andrés Chadwick.
“La verdad es que esto es preocupante. En general los decretos son para efectos de implementar decisiones que ya ha tomado el Parlamento, entonces no parece de lo más razonable que los retiren todos y no digan qué observaciones tienen ni cuáles son las fechas en las que van a reincorporarlos”, declaró Montes al matutino.
La inquietud del senador y otros dirigentes de la oposición se agudizó precisamente luego de que el pasado 23 de marzo se conociera que el Ministerio de Salud (Minsal) realizó una serie de modificaciones al protocolo de aplicación de la ley de aborto, además de paralizar el financiamiento de los Servicios de Alta Resolución (SAR).
Además, la semana pasada, el Mineduc confirmó el retiro del reglamento que regula la nueva ley de Educación Pública.
Según la información solicitada por el Senado, el Ministerio de Desarrollo Social fue la cartera que más decretos y resoluciones frenó en dicho periodo, retirando 147 actos administrativos.
Los más llamativos corresponden al decreto que aprueba la incorporación de programas al sistema Elige Vivir Sano, el que regula el convenio de transferencia de recursos para la ejecución del programa para el recién nacido y el que establece monto a transferir al Instituto de Previsión Social para el pago de bonos de familias en extrema pobreza. Con todo, la mayor parte de esos retiros corresponde al cese de contrataciones.
Desde la Subsecretaría de Educación, en tanto, se retiraron 75 decretos y resoluciones relativos, entre otras materias, al pago de subvenciones a establecimientos educaciones diferenciales, o al que fija la remuneración mínima para profesionales de la educación que se desempeñan en colegios subvencionados.
El Minsal, por su parte, retiró 33 actos administrativos, en su mayoría sobre programas de reforzamiento de atención primaria.
Asimismo, el 14 de marzo el subsecretario de Interior, Rodrigo Ubilla, hizo una petición especial al organismo contralor: retirar todos los actos administrativos ingresados por el gobierno de Bachelet justo en la semana previa al cambio de mando.
Además, desde esa cartera se retiraron otros 11 decretos, entre ellos, por ejemplo, el que aprueba el reglamento sobre ordenamiento territorial y el que distribuye los gastos en publicidad en esa cartera.
Otro de los retiros llamativos que realizó el Ejecutivo vino desde la Subsecretaría de DD.HH. El 15 de marzo pasado la propia Recabarren retiró el decreto que aprueba el Plan Nacional de Derechos Humanos, política que fue impulsada por la exsubsecretaría Lorena Fríes. El decreto, en todo caso, ya fue reingresado a la Contraloría.
En Justicia, en tanto, destaca el retiro del decreto que sellaba el polémico nombramiento del ex fiscal del caso Caval, Luis Toledo, como notario de San Fernando.
Desde el Ministerio de Energía, en tanto, se retiraron solo cuatro actos administrativos. Uno de ellos -el que fija ajustes y recargos por aplicación del mecanismo de equidad tarifaria residencial- considerado clave para la completa entrada en vigencia del plan “Agenda de Energía”, el que fue impulsado por el exministro Máximo Pacheco.
Otros ministerios que instruyeron el retiro de actos administrativos fueron los de Agricultura, Hacienda, Economía, Deportes, Vivienda, Obras Públicas, Defensa, Medio Ambiente, Minería, Relaciones Exteriores, Transportes, entre otros.
Con todo, varios de los decretos y resoluciones que fueron retirados para su revisión han sido reingresados al organismo contralor, según resaltó La Tercera.
Gobierno retiró 405 decretos de la administración Bachelet, entre ellos renovaciones de contratos y reglamentos
