La Fundación SOL entregó las principales conclusiones de su estudio “Endeudar para gobernar y mercantilizar: El caso del CAE”, sobre la situación del Crédito con Aval del Estado (CAE), que actualmente es pagado por aproximadamente 377 mil personas.
Entre ellas, destaca que el total de recursos entregados por los bancos entre 2006 y 2017, a través del CAE, a las instituciones de educación superior acreditadas donde se matriculan los alumnos beneficiados, es de $4,7 billones (millones de millones).
“Sólo tres bancos se han adjudicado el 90 % de los créditos: Scotiabank, Estado, e Itaú-Corpbanca” asegura Marco Kremerman, profesional a cargo de la investigación.
“Para hacer este negocio aún más atractivo para la Banca, el Estado se comprometió originalmente a subsidiar a los bancos participantes comprando cada año el 25 % de los créditos entregados, con un sobreprecio del 6%. Sin embargo, entre 2006 y 2017, el Fisco ha recomprado un 52,2 % de los créditos con un sobreprecio de 26,1% (4,3 veces más que lo que se requería originalmente), lo que equivale a casi $640 mil millones”.
Mientras en 2006 el CAE representaba el 2,4% del presupuesto de la partida de Educación Superior, hoy, a pesar de coexistir con la política de gratuidad de mercado, representa el 26,5% del presupuesto y el Fisco ha comprometido recursos por $549.630 millones para el 2018. “El argumento de la escasez de recursos para a acudir a la Banca, claramente dejó de ser válido” puntualiza Paéz.
El informe explica que la promesa del aumento del acceso a la Educación Superior, se cumplió ampliamente, ya que el año 2005 (antes de la entrada en operaciones del CAE), la matrícula total era de 663.679 alumnos por año, mientras que, en 2017, esta cifra llega a 1.247.746 matriculados.
Sin embargo, el 70 % de este aumento se concentra en sólo 20 instituciones que pertenecen a los siguientes grupos educacionales: Laureate International; Santo Tomás; Inacap y Pontificia Universidad Católica. Adicionalmente, en este listado, se encuentran aquellas Universidades investigadas por lucro, tales como la Universidad San Sebastián, Autónoma, Central, del Desarrollo, entre otras.
“Precisamente es en estas instituciones donde se concentra el 67,4% de los alumnos que acceden al CAE y el 67,8% de los recursos que por esta vía ha recibido desde el año 2006 todo el sistema de Educación Superior chileno, lo que equivale a casi $3,2 billones (millones de millones). Sólo el Grupo Laureate International, ha recibido $836 mil millones a través del CAE” explica Alexander Páez, uno de los investigadores a cargo del estudio.
Es importante agregar que estas 20 instituciones registraron utilidades por más de $100 mil millones, de acuerdo a la última información disponible (año 2016), monto que representa un 70,3% de las utilidades generadas por todo el sistema de Educación Superior chileno.
La investigación señala además que, a diciembre de 2017, se registraban 376.811 personas pagando el CAE, ya sea en calidad de desertores o egresados. En el caso de aquellos estudiantes que desertaron de sus carreras, el 73,6% se encuentran morosos, mientras que los egresados que actualmente están pagando el CAE, se registra un 30,3 % de morosidad, lo que equivale a 63.685 personas.
La morosidad total del sistema es de 40,3 % e involucra a 151.683 deudores, lo cual permite concluir que este crédito resulta ser un gasto más que una inversión para el Fisco.
Los mayores niveles de morosidad se registran en los Centros de Formación Técnica (48,1 %) y en los Institutos Profesionales (46,4 %) y en el mundo de las Universidades, son las privadas quienes presentan los datos más preocupantes (33,1 %).
“Si analizamos los datos de morosidad según holding o grupos educacionales, se puede constatar que el Grupo Santo Tomás, es quien presenta los niveles más altos con un 43,5 % de morosidad, seguido por el Grupo Laureate con un 42,2 %” explica Kremerman.
Al analizar los datos por región, se puede observar que los territorios donde se registra mayores niveles de morosidad son: Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Coquimbo y Atacama.
Cuando se analizan las tasas de morosidad a nivel comunal en territorios con elevado número de habitantes, como es el caso del Gran Santiago, se puede observar cierta correlación entre morosidad e ingresos/pobreza.
Las 10 comunas que registran mayor tasa de morosidad en el Gran Santiago, tienen casi el doble de pobreza multidimensional, el triple de pobreza por ingresos y la mitad de los ingresos autónomos del hogar que las 10 comunas que registran menores tasas de morosidad.
“En resumen, con la creación y la profundización del CAE, en términos de gobernanza, se privatizó y mercantilizó aún más el sistema de Educación Superior chileno, se estableció un lucrativo nicho de negocio para la Banca asistido por el Estado y se implementó un dispositivo de control social y vital sobre el presente y futuro de muchos estudiantes y futuros trabajadores a través de la deuda”, concluyó Kremerman.
