El ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago, Alejandro Madrid, condenó al Estado chileno al pago de una indemnización de 950 millones de pesos a los familiares de las víctimas de dos asesinatos y cinco homicidios frustrados de reclusos de la ex Cárcel Pública, perpetrados por agentes del Estado durante en diciembre de 1981.
En este sentido, Madrid desde la perspectiva penal condenó a cinco miembros en retiro del Ejército a penas que van desde los 20 a los 10 años de cárcel.
Según la investigación del magistrado, en el mes de diciembre de 1981, el recluso militante del MIR, Guillermo Rodríguez Morales, y los simpatizantes Adalberto Muñoz Jara, Ricardo Antonio y Elizardo Enrique Aguilera Morales, fueron envenenados con la bacteria botulínica.
En este sentido, el fallo indicó que “La sustancia que produjo el envenenamiento de los internos, fue obtenida por el Instituto Bacteriológico (..) siendo luego enviad a (…) un laboratorio secreto del Ejército ubicado en calle Carmen N°339, el cual dependía de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), siendo introducida a la Ex Cárcel Pública”.
“Los hechos descritos precedentemente, permiten tener por establecido legalmente que, con la finalidad de proceder a la eliminación física e imperceptible de opositores al régimen militar, se realizó una “operación especial de inteligencia” que habría terminado con el fallecimiento de los internos Víctor Hugo Corvalán Castillo y de Héctor Walter Pacheco Díaz”, indicó el fallo.
El ministro condenó a Eduardo Arriagada Rehren y Sergio Rosende Ollarzú a penas de 20 años de presidio, en calidad de autores de los homicidios consumados de Víctor Hugo Corvalán Castillo y Héctor Walter Pacheco Díaz; y de los homicidios frustrados de Guillermo Rodríguez Morales, Ricardo Antonio Aguilera Morales, Elizardo Enrique Aguilera Morales, Adalberto Muñoz Jara y Rafael Enrique Garrido Ceballos.
En tanto, los oficiales Joaquín Larraín Gana, Jaime Fuenzalida Bravo y Ronald Bennett Ramírez deberán purgar 10 años y un día de presidio, en calidad de cómplices.
En el aspecto civil, el fallo condenó al Estado de Chile a pagar una indemnización total de $950.000.000 (novecientos cincuenta millones de pesos), monto que se reparte entre los familiares de las víctimas.
