El Informe de Productividad que acompaña al proyecto de reforma previsional de Sebastián Piñera admite que la pérdida de empleos que generará la iniciativa en el largo plazo será de 52.000 puestos de trabajo. Ayer, el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, rechazó en el Congreso la solicitud de la oposición de dividir el proyecto de ley de reforma a las pensiones, asegurando que se trata de un proyecto integral debe tramitarse de manera completa.
“No podemos hacernos cargo solo de un problema y dejar de lado las pensiones de la clase media, además de los aportes que queremos hacer a las mujeres y los adultos mayores sin autovalencia (…) Queremos discutir este proyecto en forma integral”, recalcó el ministro Larraín.
El secretario de Estado reiteró que en este proyecto se tuvo especial cuidado en mitigar los efectos en el mercado laboral y que para ello se avanzó en dos direcciones.
“Primero, proponemos hacer aumentos graduales de la cotización, lo que permite que eso se absorba a través de los incrementos de salario. En segundo lugar, todo el 4% va a las cuentas individuales de ahorro de las personas que están contribuyendo y ahorrando para su pensión”, precisó el titular de Hacienda.
Larraín entregó estas declaraciones luego que junto a los titulares de Trabajo, Nicolás Monckeberg, y Segpres, Gonzalo Blumel, detallara en el Congreso los lineamientos de la reforma de pensiones, luego de que este proyecto iniciara su trámite legislativo en la Cámara de Diputados.
De acuerdo al texto de la iniciativa, que busca incrementar las pensiones de forma sostenible y responsable desde el punto de vista fiscal, esta reforma se construye sobre la base de cinco principios fundamentales.
Primero, reconocer el esfuerzo individual de los trabajadores y respetar plenamente sus derechos de propiedad sobre las cotizaciones y el ahorro previsional que acumulan en sus cuentas individuales.
Segundo, concentrar el mayor esfuerzo fiscal en los más vulnerables, en la clase media y en las mujeres.
Tercero, asegurar que cada uno de los cambios ayuden, en forma directa o indirecta, a mejorar las pensiones.
Cuarto, evitar efectos negativos de las reformas sobre el crecimiento económico y la creación de empleos. Quinto, responsabilidad fiscal, asegurando la sustentabilidad de largo plazo de los beneficios, en particular los que se financian con el presupuesto público.
“Este proyecto busca mejorar las pensiones de los chilenos. Estamos conscientes de que hay una necesidad, una aspiración legítima de los casi tres millones de adultos mayores, pero, además, de aquellos que van llegando a la edad de jubilación y que aspiran a menor incertidumbre y a una jubilación más digna de tener esa seguridad”, sostuvo el ministro Larraín.
“La Pensión Básica Solidaria aumenta en un 10% en forma inmediata para todos y luego sigue en forma gradual en el tiempo. En el caso del Aporte Previsional Solidario aumenta el monto máximo en un 15% en forma inmediata y al subir el monto máximo también suben los montos del APS”, explicó el titular de Hacienda, precisando que luego sigue una gradualidad que significa un aumento combinado para algunos de hasta 74%.
El proyecto también considera el Aporte Clase Media, Aporte Mujer, y el incentivo para quienes quieran seguir en el mercado laboral.
“También es muy importante el Subsidio a la Dependencia, que comienza a operar en forma inmediata para aquellos pensionados que tengan dependencia severa”, dijo el ministro Larraín. Este subsidio será de $80.000 para los pensionados más pobres.
El titular de Hacienda agregó que la iniciativa crea un Seguro de Dependencia que se financiará con una cotización de un 0,2% de la renta imponible del trabajador que comenzará a operar en 4 años. Los adultos mayores con dependencia que estén asegurados tendrán un pago mínimo de 3 UF y el monto crecerá dependiendo del número de cotizaciones al seguro.
El Informe Financiero del proyecto previsional ratifica que el impacto fiscal de esta reforma bordeará los US$3.500 millones hacia el año 2030.
Agrega que el mayor gasto fiscal que represente la aplicación de esta ley durante el primer año presupuestario de entrada en vigencia se financiará con cargo a los presupuestos de las Partidas Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Ministerio de Desarrollo Social y en lo que faltare con los recursos provenientes de la Partida Tesoro Público.
En los años siguientes se financiará con cargo a los recursos que disponga la respectiva Ley de Presupuestos del Sector Público.
Sobre este punto, el ministro Larraín ha señalado que los recursos públicos para este proyecto provienen de holguras de financiamiento que existen en el Estado y que serán mayores con el tiempo. “Estos recursos van a estar garantizados”, ha sostenido la autoridad.
Desde el Ministerio de Hacienda detallaron que de acuerdo con el Informe de Productividad del proyecto ingresado, se estima que la reforma aumente en torno a 40% las pensiones del segmento más vulnerable hacia 2030.
Desde la cartera apuntan que debido al diseño de la iniciativa, en que el aumento de la tasa de cotización se aplica de forma gradual y se asigna a las cuentas de capitalización individual, el impacto sobre el mercado laboral será acotado.
El informe agrega que el efecto acumulado en el empleo formal se estima en 52.000 puestos de trabajo menos en el largo plazo, mientras que en la transición el impacto promedio por año se estima en torno a 5.700 puestos de trabajo. El impacto máximo sobre el empleo formal en un año en particular es de 9.000 puestos de trabajo, efecto que va disminuyendo gradualmente en el tiempo.
El informe precisa que el aumento del ahorro produce un incremento en el stock de capital, lo que contrarresta una parte significativa de los efectos directos sobre los salarios y el empleo. Además, el mayor stock de capital genera un impacto positivo sobre el producto en el largo plazo.
