Según informó en un comunicado, la denuncia fue presentada el 19 de noviembre pasado y los antecedentes se entregaron al Ministerio Público al día siguiente.
Por su parte, el obispo Jorge Vega ordenó el inicio de una investigación previa para determinar la verosimilitud de los hechos denunciados, conforme lo establece el Código de Derecho Canónico y el protocolo de la Conferencia Episcopal de Chile.
Mientras se desarrolla la investigación, se ha impuesto al mencionado presbítero la prohibición del ejercicio público del ministerio sacerdotal como medida cautelar.
“La Prelatura de Illapel expresa su disposición para colaborar en todas las instancias de investigación de esta denuncia, y hace suya la firme actitud con que la Iglesia Católica rechaza todo daño a niños, niñas y jóvenes”, señaló el comunicado.
