En su cuenta de Twitter, la ministra escribió: “Sentencia del Tribunal Constitucional declara que proyecto del ley #AulaSegura se ajusta a la constitución. Queda así listo para su promulgación”.
El 12 noviembre pasado, la Cámara de Diputados aprobó en último trámite el proyecto de ley que busca fortalecer las facultades de los directores de establecimientos educacionales en materia de expulsión y cancelación de matrícula en determinados casos de violencia.
Además, la propuesta busca salvaguardar el debido proceso para el estudiante en caso de ser expulsado, previo a lo cual el director del establecimiento deberá iniciar procesos sancionatorios que acrediten el registro de conductas graves o gravísimas, según los reglamentos internos.
De acuerdo a lo establecido en los fundamentos del texto, estas conductas pueden ir desde las agresiones o abusos entre miembros de la comunidad escolar hasta hechos de violencia extrema, como el porte de armas o la tenencia y uso de bombas molotov.
El director también tendrá la facultad de suspender al alumno como medida cautelar, mientras dure este proceso sancionatorio, que puede derivar en la citada expulsión o bien la cancelación de la matrícula, para lo cual debe cumplirse un periodo de 10 días de investigación, fijándose además cinco días posteriores para la apelación del estudiante sancionado.
Además, se incluye un programa de acompañamiento con recursos que deberá patrocinar el Ejecutivo, tanto para los jóvenes como para los establecimientos que enfrenten estas situaciones.
