La Fiscalía Centro Norte investiga a una receptora judicial, un síndico de quiebras, a un abogado y a un gerente de Copec por presuntos delitos de cohecho y estafa en perjuicio de la empresa de transportes Trasenber.
Se trata de una investigación a cargo del fiscal Víctor Vidal, dirigida contra la receptora judicial Sonia Menard Atria, el síndico de quiebras Enrique Ortíz D’Amico, el abogado Ramiro Méndez Urrutia y el gerente de Copec, Arturo Natho Gamboa.
Contra los cuatro, Transenber presentó que rella por los delitos de cohecho y estafa, debido a que la despojaron ilegalmente de una millonaria propiedad en beneficio de la compañía Copec.
Según el abogado querellante, Gonzalo Ferrada Molina, las cuatro personas actuaron “en asociación ilícita para cometer delitos de cohecho y estafa”, previsto y sancionado en el artículo 292 del Código Penal.
Consultado el fiscal Vidal, informó que había despachado una orden amplia de investigar a la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI.
Los hechos materia de investigación policial se remontan a marzo de 2012, cuando Copec presentó demanda ejecutiva ante el 18° Juzgado Civil de Santiago, en contra de la empresa de transportes Buses Gran Santiago en quiebra –operadora del Transantiago entre 2005 y 2009-, solicitando el traspaso de una millonaria propiedad como pago de los créditos por combustible adeudados por un monto de $1.104 millones.
Transanber apeló a la Corte de Apelaciones de San Miguel y este tribunal acogió su pedido de rechazo de la demanda ejecutiva, por cuanto es dueña de la propiedad desde el 2010.
Según el fallo, Copec no puede desposeerla del bien raíz, “porque el título aparejado a la ejecución carece de fuerza ejecutiva, al no participar de la naturaleza jurídica de una sentencia interlocutoria”.
Sin embargo, siete días después –expone textualmente la querella-, el síndico titular de la quiebra de Buses Gran Santiago, Enrique Ortíz D’Amico, a solicitud de los abogados de Copec procede a suscribir una escritura pública de reconocimiento de deuda ante el notario suplente Néstor Riquelme Contreras.
La referida escritura señala que “en representación de la fallida, reconozco que ésta le adeuda a Compañía de Petróleos de Chile, COPEC S. A. la suma de mil ciento cuatro millones setecientos ochenta y siete mil ciento cincuenta y nueve pesos, al dieciséis de agosto de dos mil trece, más los reajustes a intereses que en derecho procedan”.
Con este “documento apócrifo”, según la querella, los imputados consiguieron que la receptora judicial Sonia Menard Atria procediera a notificar a la empresa Transanber por cédula, dejada en su domicilio en poder de persona adulta de nombre Felipe Rojas.
Sin embargo, dice la querella, lo ocultó y se demoró 14 días en subir el estampado al sistema informático de tramitación del Poder Judicial, en diciembre de 2016, “con el propósito que Transanber ignorara lo ocurrido y tampoco pudiese interponer medidas legales”.
Así las cosas, añade la querella, Copec logró el remate de la propiedad, ubicada en la comuna de El Bosque, y luego adjudicársele mediante resolución del 5 de marzo de 2018.
Según el abogado querellante, Gonzalo Ferrada Molina, funcionarios judiciales junto a ejecutivos de la empresa petrolera, actuaron “en asociación ilícita para cometer delitos de cohecho y estafa”, previsto y sancionado en el artículo 292 y 248 bis del Código Penal.
La empresa afectada, Transanber, fue la que cuestionó la última licitación del Transantiago de la Presidenta Bachelet, ante el Tribunal de la Libre Competencia, impidiendo su realización.
