A través de un comunicado, la institución criticó el “actuar policial desmedido visto en esta última semana, justificado en la supuesta contención del actuar de un grupo reducido de encapuchados”.
“Dicha criminalización va en desmedro del derecho a la educación de los alumnos, de su honra y dignidad y, también, de su legítimo derecho a la manifestación pacífica de sus demandas estudiantiles”, añade el escrito.
En esa línea, la Defensoría de la Niñez reiteró “la necesidad de un Fiscal exclusivo que dirija de manera efectiva a la policía en la investigación, identificación y persecución penal de los sujetos encapuchados que siguen, sorprendentemente y sin ningún contrapeso institucional, cometiendo delitos que impiden que más de 4 mil niños y jóvenes puedan estudiar y que mantiene atemorizada a toda la comunidad escolar del Instituto Nacional”.
“Resulta imperioso y urgente que se establezcan las responsabilidades penales de los individuos que cometen delitos, separando así aquellos actos delictuales y a quienes los cometen, del estudiantado del Instituto Nacional y sus demandas directamente relacionadas con la educación que reciben en dicho establecimiento, evitando que continúe su criminalización injustificada e indiscriminada”, agrega el texto.
Además, el comunicado explica que “como Defensoría de la Niñez hemos sido tajantes al señalar, en las distintas instancias de intervención en las que se nos ha brindado espacio, incluido el Congreso Nacional, que cualquier acción de despliegue policial debe realizarse conforme a las exigencias que impone nuestra Constitución y la ley, sin discriminación”.
Por último, la institución añade que dicho despliegue policial debe ser “sin intromisión a la vida privada de los niños, niñas y adolescentes, sin afectación de la vida e integridad física o psíquica de éstos y, en general, sin restringirles ningún derecho, salvo orden judicial u orden administrativa de las autoridades legalmente facultadas para ello”.
