En este caso, Fuente-Alba estaba solo con la cautelar de arraigo nacional, por lo que el fiscal de la causa, José Morales, solicitó revisarla, ya que para el Ministerio Público el general (r) representa un peligro para la sociedad.
Fuente-Alba estuvo privado de libertad por seis meses en el Batallón de la Policía Militar, ubicado en Peñalolén, luego de ser procesado por la ministra en visita Romy Rutherford por el delito de malversación de caudales públicos por 3 mil 500 millones de pesos, provenientes de gastos reservados.
Recién el 21 de agosto pasado accedió a la libertad tras una determinación de la Corte Marcial y previo pago de $5 millones.
“El lavado de dineros es un delito que atenta contra el orden público económico (…) estamos hablando de delitos reiterados, cometido por funcionario público que está, por decirlo, en la escala superior de funcionarios públicos que son capaces de disponer una mayor cantidad de dinero”, argumentó el fiscal Morales al pedir la medida de presión preventiva.
La audiencia se extendió por más de tres horas, luego de la inhabilitación de una jueza, por lo que la situación la resolvió la magistrada Carolina Gajardo, quien decretó arresto domiciliario total para el ex jefe castrense, manteniendo el arraigo.
