Especialmente las perpetradas por agentes del Estado, donde se considerarán antecedentes que otras instituciones del sistema judicial poseen, como el Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública y el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).
La ministra vocera de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, explicó que “desde inicios de las protestas sociales de octubre de 2019, diversas instituciones e instancias han mostrado su preocupación por los hechos de violencia y en particular, sobre situaciones vinculadas a violaciones a los derechos humanos”.
Chevesich detalló que la Comisión Coordinadora del Sistema de Justicia Penal, mediante la Subsecretaría de DD.HH. del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, “conformó en abril del presente año una instancia de trabajo destinada a proponer una serie de medidas concretas y de corto plazo que permitan destrabar las complejidades en la investigación y tramitación de las causas iniciadas por denuncias de las violaciones a los derechos humanos, ocurridas a partir del 18 de octubre del 2019 con el propósito transversal de avanzar de la mejor forma en la investigación y tramitación judicial”.
Ello tras oír las recomendaciones por parte de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ACNUDH) y del INDH.
La jueza detalló que en el Poder Judicial hubo “levantamientos de información sobre el comportamiento procesal de las causas penales en esta compleja etapa, a fin de entregar a los organismos pertinentes cuando han sido requeridos”.
“La Corte Suprema decidió implementar la iniciativa propuesta considerando las recomendaciones dadas por los organismos mencionados, coherente con la postura que el Poder Judicial ha asumido como órgano preocupado por la visibilización y prosecución de dichas causas judiciales”, agregó.
La jurista aclaró que “la temática de los derechos humanos, en cuanto a su promoción y protección, es una preocupación permanente de la Corte Suprema” (…) reglamentarla es una buena noticia no solo para los bogados litigantes o investigadores sociales, sino como un eficiente mecanismo de rendición de cuentas de la labor jurisdiccional”.
La medida se enmarca en el documento “Propuestas de acciones posibles de adoptar por el Poder Judicial respecto a casos de violaciones de Derechos Humanos cometidos en el contexto del estallido social”.
