En entrevista con La Tercera, la máxima autoridad del ente contralor que acaba de celebrar 90 años de existencia, declaró que “a propósito del escándalo de Carabineros, instruí que con prioridad nacional íbamos a realizar una auditoría en servicios que tuvieran grandes cantidades de presupuesto y a los movimientos que habían hecho los jefes de Administración y Finanzas. Hicimos un primer barrido sobre 320 servicios y detectamos inmediatamente que había 114 casos con problemas. Esto es una información nueva”.
Pero lo peor que detectamos es que sociedades familiares de esos jefes son contratadas por el mismo servicio público en que estos trabajan. Esa es una situación que por lo menos merece investigación. Esa una situación que tiene visos de eventual delito de negociación incompatible, lo mínimo que podemos hacer es darle esos antecedentes al Ministerio Público para que a través de sus facultades intrusivas ellos puedan investigar”, enfatizó Bermúdez.
También advirtió que “nosotros vamos a ejercer todas nuestras facultades. Y la Contraloría tiene la facultad también de ejercer acciones judiciales. Entonces, en este caso, cuando avance la investigación y si detectamos que hubo perjuicio fiscal, vamos a querellarnos. Y va a ser, probablemente, la primera vez que la Contraloría en 90 años ejercerá esa facultad”.
