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Con un “llamado de atención”: Defensoría de la Niñez lanzó Informe Anual 2021

30 de noviembre de 2021, 5:09 pm. 

La Defensoría de la Niñez dio a conocer este martes su tercera cuenta pública y el Informe Anual 2021 sobre la situación de los Derechos Humanos de niños, niñas y adolescentes (NNA) que viven en Chile.

El documento presentado por Patricia Muñoz, defensora de la Niñez, apunta a exhibir las mayores dificultades que atraviesan los NNA y propone recomendaciones a los poderes y órganos del Estado para asegurar el ejercicio efectivo de los Derechos Humanos de los menores.

En la instancia participaron distintas autoridades, como el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Sergio Micco; el presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva Gundelach; y el ministro de Justicia, Hernán Larraín. También estuvo la expresidenta del Colegio Médico y actual vocera de la candidatura presidencial de Gabriel Boric, Izkia Siches.

“Confiamos en que este tercer Informe Anual se constituya en un insumo más para quienes, a contar de marzo del año 2022, asuman la responsabilidad de conducir el país, integrando las recomendaciones que se realizan”, destacó Patricia Muñoz.

“Porque los discursos grandilocuentes, sobre el compromiso con la niñez y la adolescencia, carecen de sentido cuando, como correlato concreto, no se observan acciones decididas que les consideren y traten como sujetos de derecho”, añadió, aludiendo a la proximidad de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

Además, la defensora de la Niñez hizo “un llamado de atención” a los organismos del Estado: “La mayor preocupación tiene que ver con el ejercicio de los derechos de los niños. Efectivamente, cuando la Defensoría de la Niñez surge como institución, tiene la responsabilidad de velar por que el Estado cumpla con las obligaciones en relación a estos derechos. Cuando no se nos responde, es difícil que podamos dimensionar el nivel de satisfacción de los derechos”.

El Informe Anual 2021 tiene dos prólogos. Uno está escrito por la ex-Presidenta de Chile y actual Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.

“Hay muchas problemáticas que siguen siendo invisibles, por desinterés o porque afectan a los vulnerables de los vulnerables. Esa es sin duda una de las banderas de lucha de la Defensoría de la Niñez y es parte importante del esfuerzo que cruza este Informe Anual”, destacó la exmandataria en el escrito.

El segundo prólogo es de la presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncon. La constituyente de escaño reservado indica que el informe “no solo es un escrito de evidencia textual, pues podremos encontrar caminos para hacer vívidos los derechos, los intereses y la participación efectiva de este grupo etario. Más aún, nos brinda una gran oportunidad para generar un pacto intergeneracional en la redacción de la nueva Carta Magna”.

CUENTA PÚBLICA, PROCESO CONSTITUYENTE Y ESTADO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS NNA

El Informe Anual 2021 está dividido en tres partes. La primera consiste en la rendición de la cuenta pública, donde se enfatizan las funciones del organismo y las principales acciones cometidas en el año, destacando el trabajo de las cinco Macrozonas regionales.

Entre las cifras entregadas, la Defensoría destacó las 228 recomendaciones realizadas a distintas entidades, entre ellas los poderes del Estado, empresas, organismos internacionales y municipios.

Además, la entidad realizó observaciones a 23 proyectos de ley en discusión en el Congreso. Participó en 71 mesas de trabajo, en más de 100 acciones judiciales y en 140 denuncias administrativas.

También realizó 21 visitas a residencias o centros de privación de libertad de niños, niñas y adolescentes bajo el cuidado del Estado; atendió a casi 3.000 requerimientos de la ciudadanía, la mayor parte por vulneraciones de derechos; dio seguimiento a más de 300 compromisos del Estado a través del Observatorio de Derechos; y puso en marcha iniciativas para que las opiniones de los NNA sean escuchadas e integradas.

La segunda parte del texto aborda la relación entre la Defensoría y el proceso constituyente. Entrega argumentos sobre la necesidad considerar la participación de niños, niñas y adolescentes en el trabajo que significa la redacción de la nueva Constitución.

Entre distintos puntos, el documento aborda los reglamentos de la Convención Constitucional, identificando desafíos y recomendaciones para asegurar el derecho a la participación de los NNA, junto con recomendaciones al Gobierno para lograr el acceso a la información del grupo etario.

En tanto, la tercera parte aborda la situación de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes en Chile. Se divide en seis capítulos, donde además del análisis del panorama actual se entregan recomendaciones específicas para diferentes organismos estatales.

Los capítulos son:
– Los primeros mil días: situación de los derechos de niñas y niños de 0-3 años en Chile.
– Situación de derechos de niños, niñas y adolescentes bajo el cuidado del Estado.
– Crecer en instituciones: primera infancia en residencias de protección y en cárceles.
– Niñez y adolescencia mapuche: situación de sus derechos ante la presencia y violencia policial en La Araucanía.
– De la representación jurídica a la defensa especializada de derechos de niños, niñas y adolescentes.
– Estado de cumplimiento de los derechos de la niñez y adolescencia: un análisis desde la función pública.

Entre las conclusiones, la Defensoría de la Niñez remarcó que el presente del país es una “oportunidad y un desafío” que debe ser aprovechado por el Estado de Chile. Se enmarca en las consecuencias de la crisis social y sanitaria que implican importantes cambios en la institucionalidad y en el marco jurídico de la protección de la niñez y adolescencia. A ello se suma el término e inicio de un nuevo gobierno.

La institución remarca la necesidad de subsanar los distintos nudos críticos en la materia, así como también de evitar repetir las falencias estructurales que afectan los derechos de los niños, niñas y adolescentes, apuntando a que estos deben ser considerados como sujetos de derecho y no como meros objetos de protección.

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