El Ministerio de Educación indicó que tras la entrada en vigencia de la Ley de Inclusión unos 113 recintos particulares subvencionados habrían solicitado su cierre.
Según información entregada, la nueva normativa establece que las instituciones educativas para poder seguir recibiendo aportes estatales, deben constituirse como personas jurídicas sin fines de lucro.
La publicación indicó que otros 466 establecimientos informaron que se transformarán en sociedades sin fines de lucro para poder seguir recibiendo la subvención.
Según indicó Andrés Palma, encargado de la Ley de Inclusión, la información definitiva se conocerá el día 30 de junio, cuando los sostenedores de los colegios “evalúen correctamente la situación”.
En total, en el país, de acuerdo con información entregada por el Ministerio de Educación a la Comisión de Educación a fines de 2016, hay 5.742 recintos subvencionados, de los cuales el 81% tiene fines de lucro.
