Política

Identidad de género: Movilh llama a 1a. Marcha por el Interés Superior del Niño

El Movilh llamó a la Primera Marcha por el Interés Superior del Niño para el próximo 1 de julio con el fin de protestar contra la exigencia del certificado médico para cambiar la identidad sexual en el Registro Civil, ya sea en el caso de menores como adultos.

“Aquí los niños y niñas trans están siendo tratados como enfermos. La exigencia de certificados médicos es abusiva, inhumana y patologizante”, afirmó Rolando Jiménez, dirigente histórico del Movilh, presente en el debate en el Senado donde ayer se aprobaron varias indicaciones del proyecto de Ley de Identidad Sexual para el procedimiento de cambio.

Según el Movilh, el proyecto en cuestión es mucho mejor que el original, el que sólo trasladaba desde tribunales civiles a los de familia el proceso de cambio de nombre y sexo legal, pudiendo hacerse ahora en el Registro Civil. Sin embargo,” violenta las libertades y el interés superior del niño al excluir a los menores de 18 años y a los casados”, indicó el Movilh.

Además, calificó como “patologizante” la medida de exigir certificado médico que fue propuesta por el senador DC Ignacio Walker. También rechazo que el proyecto impida a niños, niñas y personas casadas la rectificación de la partida de nacimiento.

Indicaciones del Movilh trasladaban el trámite al Registro Civil, impedían la exigencia de certificados médicos o psiquiátricos, así como la oposición de terceros, además de permitir que niñas, niños y adolescentes rectificaran su partida de nacimiento.

“Todo esto lo teníamos aprobado hasta el año anterior, pero negociaciones entre gallos y medianoche dejaron sólo el cambio de nombre y sexo legal para mayores de 18 años en el Registro Civil, sin la oposición de terceros”, enfatizó Jiménez.

El debate y votación en la Sala del Senado continuará el próximo martes, pero ya para ver asuntos menores.

La celeridad en la tramitación de la Ley de Identidad de Género alcanzada en los últimos meses es parte de la solución amistosa que el Estado firmó con el movimiento LGBTI con la mediación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

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